¿Por qué Azul buscó la recuperación judicial en EE.UU. y no en Brasil?

Azul Linhas Aéreas anunció este martes (27) que solicitó recuperación judicial en Estados Unidos, con base en el Capítulo 11 del Código de Quiebras estadounidense. La medida tiene como objetivo promover una amplia reestructuración de sus pasivos financieros frente a los acreedores internacionales, garantizando la continuidad de las operaciones y la preservación de sus activos, sin interrupciones en Brasil.

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Según la empresa, la solicitud de protección judicial estuvo motivada por un conjunto de factores que han impactado fuertemente su estructura financiera en los últimos años, entre ellos los persistentes efectos de la pandemia de COVID-19, el alza del combustible de aviación (QAV), la apreciación del dólar -que presiona los contratos indexados a moneda extranjera-, el alza de las tasas de interés y un escenario inflacionario que redujo los márgenes operativos y dificultó la renegociación de pasivos.

Pese a la crisis, Azul garantizó que seguirá operando con normalidad, manteniendo sus vuelos, el programa de fidelización TudoAzul y los compromisos con clientes, proveedores y empleados.

Como parte de la reestructuración, la empresa contará con el apoyo de Financiamiento DIP (Financiamiento del deudor en posesión), instrumento previsto en el sistema de quiebras norteamericano. Se trata de una financiación prioritaria, autorizada por los tribunales, que permite a la empresa deudora obtener liquidez durante el proceso de recuperación, garantizando la continuidad de las actividades. Los DIP se utilizan a menudo en reestructuraciones importantes para garantizar que la empresa siga funcionando mientras se discute el plan de reorganización con los acreedores.

Para Filipe Denki, socio de Lara Martins Advogado y especialista en insolvencia empresarial, la decisión de Azul de recurrir al Capítulo 11 en Estados Unidos, y no a la recuperación judicial brasileña, está directamente relacionada con la estructura internacional de su deuda y las limitaciones impuestas por la Ley nº 11.101/2005.

La legislación brasileña sobre recuperación judicial aún excluye del proceso varios créditos estratégicos, como los derivados del arrendamiento, ampliamente utilizados por las aerolíneas para la adquisición de aeronaves. Esto impide que los contratos esenciales se negocien, lo que dificulta enormemente la compensación de pasivos, afirma Denki.

“Además, el sistema norteamericano ofrece mecanismos más predecibles y eficientes de protección de activos, centralización de discusiones con acreedores globales y acceso al Financiamiento DIP, un financiamiento prioritario que sería mucho más complejo de implementar en Brasil”, añade el especialista.

Según él, el contexto actual refuerza una tendencia ya observada en otras empresas brasileñas, como LATAM y Oi, que también optaron por reestructurar sus deudas fuera del país.

“Cuando existe una fuerte exposición a acreedores internacionales y contratos en moneda extranjera, el entorno legal estadounidense se percibe como más estable, rápido y eficiente para reorganizaciones complejas. El Capítulo 11 permite la suspensión de acciones y ejecuciones a nivel mundial, la protección de activos y la negociación colectiva con los acreedores en un único foro judicial”, explica Denki.

¿Corro el riesgo de quedarme sin vuelo?

El especialista en Derecho Empresarial y socio de Godke Advogados, Fernando Canutto, afirma que si el consumidor ya compró pasajes con Azul, el riesgo de quedarse sin vuelo es bajo. “En cuanto a la cancelación de un vuelo, no puedo decir que sea imposible, pero es muy improbable que haya un impacto inmediato. La mayoría de las aerolíneas siguen respetando las reservas durante el proceso de reestructuración”, dijo el abogado, señalando que es más probable que haya cambios en los horarios o rutas que cancelaciones totales de vuelos.

Canutto deja claro que la recuperación judicial no es equivalente a la quiebra. A diferencia de la quiebra, que generalmente implica la liquidación de la empresa, el Capítulo 11 permite que la empresa siga operando mientras reestructura sus deudas. Es un intento de salvar la empresa y evitar la quiebra, concluye el abogado.

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