Arrestados el presidente y el CEO de Plus Ultra por un presunto delito de blanqueo de capitales

La investigación sobre el lavado de dinero en Plus Ultra llega después del rescate de 53 millones de euros. La investigación examina los modelos de ayuda del Estado a aerolíneas de nicho y las consecuencias de la regulación para el sector de la aviación de España.

Lo que comenzó como una operación de apoyo a la solvencia en plena crisis de la Covid-19 se ha transformado en un caso paradigmático donde se cruzan gobernanza corporativa, control del blanqueo de capitales, credibilidad regulatoria y gestión del riesgo reputacional para el propio Estado.

Contexto: del rescate por el Covid a la investigación penal

Plus Ultra Líneas Aéreas fue una de las primeras compañías en acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. En marzo de 2021 recibió 53 millones de euros en forma de préstamo ordinario y préstamo participativo, con el argumento de preservar conectividad de largo radio con Latinoamérica y empleo en un nicho específico del mercado español.

El rescate a Plus Ultra, decidido por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, fue cuestionado desde el inicio por la oposición y por observadores del sector, que señalaban la proximidad de figuras vinculadas a la aerolínea con el entorno político del PSOE. La conexión venezolana de Plus Ultra, a través de socios como el empresario Roberto Roselli y su relación con el régimen de Nicolás Maduro, añadió otra capa de complejidad a un expediente ya controvertido. La decisión de otorgar ayuda pública a una compañía pequeña, en un contexto donde otras aerolíneas de mayor tamaño tenían dificultades para acceder al mismo fondo, refuerza la percepción de que existían criterios políticos más allá de los técnicos.

La decisión provocó la controversia desde el inicio porque el tamaño de la aerolínea — la flota, la red y la posición de mercado — no coincidía con la etiqueta de estrategia, y porque la aerolínea estaba expuesta a los mercados con riesgo político como Venezuela. El contexto provocó que políticos y asociaciones presentaran querellas, que llevaron a una causa en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Archivo de la primera causa y giro de la investigación

En enero de 2023, la magistrada archivó la causa del rescate porque consideró que la concesión estaba dentro del marco normativo del fondo y no encontró indicios suficientes de malversación, de prevaricación o de fraude en subvenciones. La magistrada basó la resolución en los informes de la SEPI, en los informes de las consultoras externas y en la posición de la Fiscalía, que confirmaron «la legalidad» formal del proceso de análisis y de aprobación.

Sin embargo, el cierre de esa fase no eliminó las dudas técnicas planteadas por peritos judiciales que cuestionaron si la compañía cumplía plenamente los requisitos de no estar en crisis antes de la pandemia, condición nuclear del régimen europeo de ayudas de Estado. Esa tensión entre la lectura jurídico‑formal y la valoración económico‑financiera es uno de los ejes que ahora se proyectan sobre la nueva investigación por blanqueo de capitales.

La operación de la UDEF: blanqueo de capitales en el punto de mira

Ayer la UDEF de la Policía Nacional registró la sede de Plus Ultra en Alcobendas, bajo las ordenes del Juzgado de Instrucción nº 15. Esta orden forma parte de unas diligencias por presunto blanqueo de capitales en el entorno de la aerolínea. En la misma operación la UDEF detuvo al propietario Julio Martínez y al CEO Roberto Roselli, señalados como responsables empresariales investigados.

La información disponible apunta a que la nueva línea de investigación se centra en circuitos financieros y posibles operaciones de lavado vinculadas a los flujos de la compañía, que podrían incluir tanto recursos privados como fondos públicos procedentes del rescate. El foco ya no está solo en “cómo” se aprobó la ayuda, sino en “qué se hizo después” con el dinero y cómo se articularon las relaciones con socios, sociedades vinculadas e intermediarios.

Impacto operativo y de mercado para Plus Ultra y el entorno competitivo

Aunque la instrucción está bajo secreto, el impacto inmediato para Plus Ultra se ve en tres planos: el operativo, el comercial y el reputacional. En el plano operativo, las actuaciones judiciales pueden condicionar el acceso a la financiación, al leasing y a los servicios críticos. Esto ocurre cuando los bancos y los proveedores elevan el nivel de riesgo percibido. Además, la supervisión por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) puede intensificarse, especialmente en lo relacionado con el certificado del operador (AOC) y el cumplimiento de los requisitos financieros.

En el aspecto comercial la aerolínea compite en rutas largas y la confianza del pasajero corporativo y de las agencias es muy importante; una investigación de blanqueo puede cambiar la preferencia de canal, sobre todo en los mercados donde ya existen alternativas como Iberia o Air Europa. En el aspecto reputacional los medios mantienen una asociación constante entre Plus Ultra y rescates polémicos o blanqueo, y esa asociación daña el valor de la marca en un sector donde la percepción de solidez es un elemento crítico.

Contexto político: el caso Plus Ultra en medio de la crisis de credibilidad del Gobierno

La investigación sobre Plus Ultra no se produce de forma aislada, sino en un momento de máxima tensión política para el Gobierno de coalición. El ejecutivo liderado por el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez, afronta una crisis de credibilidad marcada por múltiples casos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción que afectan tanto al entorno del presidente como a figuras clave del partido socialista. Casos como el relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente, su hermano, David Sánchez, el exministro José Luis Ábalos, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero y la condena al fiscal general del Estado, entre otros, han generado un clima de desconfianza que erosiona la legitimidad del Gobierno ante la opinión pública.

Los arrestos de Julio Martínez y Roberto Roselli por presunto blanqueo de capitales se suman ahora a un rosario de casos judiciales que cuestionan la gestión de fondos públicos y las conexiones entre el poder político y determinados intereses empresariales. Aunque el Gobierno ha intentado desligar su responsabilidad argumentando que el rescate se aprobó siguiendo procedimientos administrativos correctos, la nueva investigación por blanqueo reabre el debate sobre la idoneidad de los controles previos y sobre la diligencia debida que deben aplicar las instituciones cuando gestionan recursos públicos.

En un clima donde la opinión pública percibe una acumulación de casos de corrupción vinculados al entorno gubernamental, el caso Plus Ultra se convierte en un símbolo más de una crisis de transparencia y gobernanza que afecta a la credibilidad de las instituciones del Estado.

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